El ministro de gobernación mintió al negar la participación de los altos mandos de la PNC en la represión de la población el pasado 21 de noviembre. Se evidenció que se violaron garantías constitucionales, además que el ministro cometió delito de desacato por desatender la orden de la Corte de Constitucionalidad, que ordenaba garantizar los derecho de los ciudadanos.